El movimiento pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) criticó, este jueves, la tibia condena de Argentina y México a la detención de líderes opositores en Nicaragua.
El pasado martes, las delegaciones de ambas naciones se abstuvieron de apoyar la resolución que fue sometida a la consideración del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ese texto, aprobado con 26 síes, tres noes y cinco votos salvados, demanda la “liberación inmediata” de los detenidos.
El documento también resalta la preocupación de la OEA ante la ausencia de condiciones que permitan garantizar comicios presidenciales transparentes en Nicaragua.
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Para justificar su abstención, tanto Argentina como México difundieron un comunicado conjunto.
En la nota, los países repudian el encarcelamiento “de figuras políticas de la oposición (en suelo nicaragüense)”, pero reivindican la no injerencia en los asuntos internos de las naciones.
Esa postura fue deplorada por Amnistía Internacional. En tal sentido, Erika Guevara, directora para las Américas de AI, indicó que “el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos”.
“Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, enfatizó Guevara.
A comienzos de junio, las instituciones nicaragüenses controladas por el presidente Daniel Ortega dieron rienda suelta a una serie de arremetidas contra la disidencia política.
Mediante la imputación de cargos que van desde el lavado de dinero y la malversación de fondos, hasta el patrocinio de la injerencia extranjera, el gobernante ha logrado poner tras las rejas a 13 de sus adversarios, entre ellos cuatro candidatos a las presidenciales que se encuentran programadas para noviembre de este año.
Amnistía Internacional señaló que muchos de esos arrestos se han dado en contravía del debido proceso.
“En algunos casos, [familiares de los encarcelados] han denunciado la ausencia de órdenes judiciales, la incomunicación de aquellos detenidos, la falta de información sobre su lugar de detención y sus condiciones (…), y el poco o nulo acceso a la representación legal de su elección
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