Hoy 28 de agosto se cumple un año más de la aprobación en 1975 de la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, conocida la ley de nacionalización. Sin embargo, Alberto Quirós y Gustavo Coronel prefieren llamarla ley de estatización, porque eliminó a tres empresas venezolanas y los ciudadanos no podemos adquirir acciones en la nueva empresa. El 1 de enero 1976 iniciaron operaciones las filiales y Pdvsa actuó como casa matriz. Aquí pretendemos recordar brevemente algunos hechos, así como informar sobre las propuestas de varios grupos de expertos de cómo recuperar nuestra industria de los hidrocarburos cuando haya un gobierno democrático. Desde luego, la decisión corresponderá a los actores políticos.
La estatización era inevitable ya que la Ley de Hidrocarburos de 1943 estableció que las concesiones otorgadas para explorar y producir vencían en 1983. A medida que se aproximaba esta fecha, las transnacionales fueron disminuyendo sus inversiones. Ello obligó a promulgar en 1971 la Ley para proteger los activos que debían pasar a propiedad de la nación. Algunos predicaron que los venezolanos no podrían manejar una industria tan compleja. No tomaron en cuenta, como ha escrito Héctor Riquezes, quien fue director de Pdvsa que “ para la opinión pública había pasado desapercibida el programa de venezolanización que llevaron a cabo las transnacionales y que logró reducir a doscientos el número de extranjeros que trabajaban en la industria petrolera para el 31 de diciembre de 1975”. Para esa fecha varios compatriotas ocupaban altos cargos ejecutivos.
Lógicamente, entre el personal había cierto temor, ya que en nuestro medio las empresas del Estado son utilizadas para colocar a simpatizantes del partido gobernante, aunque no tengan méritos. Al respecto, los trabajadores liderados por Gustavo Coronel, crearon la Agrupación de Orientación Petrolera (Agropet), para contribuir a orientar el proceso y lograr garantía de que el personal no sería afectado. Tuvieron éxito, tanto por las gestiones realizadas, como por la madurez del sector político bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Al frente de Pdvsa fue designado Rafael Alfonzo Ravard. Posteriormente, los presidentes de la empresa fueron venezolanos con méritos, con mayor o menor cercanía al primer magistrado. Los primeros 25 años transcurrieron con muy poca injerencia política partidista.
El proceso fue bien llevado. A las 22 compañías se les cancelaron 1.054,13 millones de dólares, de los cuales solo 117,38 millones fueron en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública a cinco años plazo. Además, se firmaron convenios de asistencia técnica y de comercialización, que fueron criticados por algunos, pero que eran necesarios en los siguientes cinco años. El artículo 5 de la Ley estableció la posibilidad de que el Estado realizara convenios de asociación con entes privados, el cual despertó mucha discusión. Los congresistas de la izquierda y algunos otros consideraron que eso era un subterfugio para permitir el regreso de las transnacionales. Paradójicamente, la Pdvsa roja reportó en su Informe 2016, el último presentado, que había constituido 42 empresas mixtas. La gran mayoría de las mismas con socios seleccionados por razones políticas, casi todas paralizadas porque el Estado no realiza su aporte y el privado carece de músculo financiero, de tecnología y de recursos humanos. Esta información fue tomada del libro Construcción y destrucción de un país. Presidencias de Venezuela 1900-2020, de Rafael Gallegos y de quien esto escribe, en el que se citan las fuentes.
Pdvsa era un botín demasiado atractivo para quienes asumieron el poder en 1999. La tomaron por asalto y la destruyeron. Ahora hay que reconstruir nuestra industria de los hidrocarburos. Varios grupos de profesionales, petroleros y no petroleros han trabajado este tópico. Ya en el 2003 hubo recomendaciones. Hoy, la situación ha cambiado. Hay varias propuestas que tienen mucho en común, con algunas divergencias fáciles de limar. Hay consenso en que el país está destruido. El Estado tiene ingresos insuficientes para recuperar la educación, los servicios de salud, agua, electricidad e infraestructura; la deuda externa es elevada y habrá que reestructurarla, y los organismos financieros internacionales no están prestando para la actividad de los hidrocarburos.
La Pdvsa que existía antes de la etapa de destrucción es irrecuperable. La actual es inviable. Habrá que redimensionarla hacia abajo, desprenderse de las múltiples compañías no relacionadas con el negocio y cerrar las actividades menos rentables. La única opción es recurrir a la inversión de empresas petroleras que sean incentivadas para venir. Los expertos deben presentar un abanico de inversiones atractivas, dentro del marco de la transición energética y del futuro de las fuentes de energía. Esas opciones deben incluir las cuencas del Zulia, norte de oriente, Faja petrolífera del Orinoco y los nuevos yacimientos de gas libre.
Habrá que cambiar la ley para que puedan operar sin asociarse con Pdvsa y para adecuar los porcentajes impositivos; además, crear un Ente Independiente de Energía. Algunos piensan que debe persistir una petrolera del Estado y que debemos seguir en la Opep. Otros son opuestos. Citgo, en riesgo de perderse por la irresponsabilidad de Chávez y Maduro, es muy importante para la recuperación económica. El plan corresponderá ser discutido y aprobado por el sector político. Ojalá sea por consenso como en 1975 y no por una mayoría que podría ser circunstancial.
Como (había) en botica: El pasado día 25 se conmemoró otro aniversario de la tragedia de Amuay ocurrida en el 2012, que ocasionó 47 muertes, 150 heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Un año antes, Rafael Ramírez, entonces presidente de Pdvsa, reconoció que tenían problemas por falta de mantenimiento y escasez de personal calificado. Cuando se produjo la explosión la achacó a sabotaje. El nuevo Consejo Nacional Electoral hace recordar "Los intereses creados", de Benavente: todos los pillos quedaron satisfechos. Lamentamos el fallecimiento de Carlos Canache Mata, un político honesto y luchador por la democracia ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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