Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prevén ampliar este lunes las sanciones a Bielorrusia y Birmania por socavar los principios democráticos o las libertades fundamentales, así como abordar las relaciones con América Latina y el Caribe con vistas a intentar organizar una cumbre este año.
También tienen previsto abordar el apoyo a esos países ante el reto de la COVID-19, la crisis socioeconómica agravada por la pandemia y las crisis de la democrática en países como Venezuela y Nicaragua.
Antes de comenzar su Consejo en Luxemburgo, los ministros celebrarán un desayuno de trabajo con la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, para a continuación dar luz verde al cuarto paquete de medidas restrictivas contra la administración de Alexander Lukashenko, quien la UE considera que se impuso en agosto pasado en unas elecciones fraudulentas.
El paquete de sanciones será «amplio» y «acorde con la degradación» de la situación en Bielorrusia contra la oposición, los medios de comunicación y por el aterrizaje forzado en Minsk que las autoridades obligaron a hacer a un avión de Ryanair el mes pasado para arrestar a un periodista, indicaron fuentes diplomáticas.
Un alto funcionario comunitario apuntó a la inclusión de unas 80 personas y entidades en la lista de sancionados, entre ellos varios individuos y al menos una entidad relacionados con el «secuestro» de ese vuelo comercial.
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La idea es incrementar las sanciones europeas por las violaciones de los derechos humanos y la represión en el país, según otras fuentes diplomáticas, que añadieron que se espera también que los ministros acuerden impulsar posibles medidas sectoriales que no se espera que se adopten el propio lunes.
Tras el incidente del avión de Ryanair, considerado como un peligro para la seguridad de la navegación aérea, la Unión tomó una serie de medidas restrictivas contra Bielorrusia, como sanciones selectivas, la prohibición a aerolíneas del país de aterrizar en aeropuertos comunitarios o la congelación de un préstamo de 3.000 millones de euros «hasta que sea un país democrático».
El objetivo, en todo caso, no es «dañar» a la población de Bielorrusia pero sí incidir en el régimen y sus responsables, agregaron las fuentes.
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