La detención, en Nicaragua, de 13 líderes opositores, entre ellos varios dirigentes con la posibilidad de llegar a la Presidencia, ha activado las alarmas del mundo democrático en el continente americano.
La región ha presenciado, con cierto asombro, la forma en la que el presidente Daniel Ortega, secundado por su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha encarcelado a adversarios históricos, pero también a ex compañeros de armas.
En un intento por frenar los desmanes, la comunidad internacional ha hecho lo que corresponde. No en vano, 26 de las 34 naciones que componen la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron una resolución que condena los arrestos, defiende los derechos humanos y apela a la democracia.
Las detenciones, consideradas arbitrarias, se fundamentan en cargos que van desde el lavado de dinero y la malversación de fondos, hasta el patrocinio de la injerencia extranjera, en menoscabo de la independencia y soberanía nicaragüenses.
De acuerdo con los expertos, las imputaciones no son más que excusas empleadas por el Gobierno y las instituciones bajo su mando, con la intención de enmascarar una “cacería de brujas”.
La persecución, dicen, tendría el objetivo de minimizar a la oposición y garantizar la victoria de Daniel Ortega en las elecciones de noviembre de este año.
La idea de unos comicios sin contrincantes es apoyada por Fausto Pretelin. A juicio del analista, la dupla Ortega – Murillo aprovecha la inestabilidad y polarización que enfrenta Latinoamérica para arreciar contra los rivales que amenazan su permanencia en el poder.
“Lo que quiere Ortega es no competir, no competir en las próximas elecciones”, señaló el experto, durante una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN en Español.
En esa misma sintonía se manifestó Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y 2018.
El ex mandatario, quien dirige, de forma interina, en Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe, considera que el Ejecutivo nicaragüense “ha aumentado la apuesta en el sentido de impedir que haya un recambio”.
“Es un Gobierno que no solamente ya pareciera querer perpetuarse en la figura de la vicepresidenta y esposa del dictador, sino que además quiere hacerlo sofocando todas las voces de la oposición legítima, civil y pacífica”, comentó el ex jefe de Estado en conversación con BBC Mundo.
En ese mismo diálogo, Solís advirtió que, de mantener el rumbo, Nicaragua podría correr la misma suerte que Venezuela, un país en el que la dictadura de Nicolás Maduro se vale de la usurpación de la Presidencia, el secuestro de las instituciones, la crisis económica auto infligida y la violación a los derechos humanos para aferrarse al poder.
“(Que Nicaragua sea una segunda Venezuela) es una posibilidad que está sobre la mesa”, dijo el ex gobernante. Sin reparos, Luis Guillermo Solís agregó que “si Nicaragua se sale con la suya marca un precedente y un ejemplo nefasto para América Latina”.
Entretanto, un informe publicado en mayo de este año por el International Crisis Group (Grupo Internacional de Crisis, en español) advirtió los riesgos de unas votaciones amañadas en suelo nicaragüense.
En el reporte, el Grupo alerta que unos comicios poco transparentes podrían encender la mecha de manifestaciones como las registradas en Nicaragua durante 2018. Aquellos disturbios, apunta el texto, culminaron con 328 muertos y con el desplazamiento de más de 100.000 ciudadanos, en especial hacia la vecina Costa Rica.
Una manifestante nicaragüense alza una bandera de su país ante una fila de policías, durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Para evitar esa posibilidad, el International Crisis Group sugiere al Gobierno de Ortega “revertir las reformas que desequilibran el escenario electoral y acordar con la oposición medidas para garantizar unas elecciones justas”.
Del mismo modo, el Grupo recomienda, a las potencias internacionales, “presionar a Ortega para que lleve a cabo unas elecciones limpias, y promover que ambas partes (el Ejecutivo y sus adversarios) hagan concesiones y dialoguen”.
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