La Asamblea Nacional chavista acordó este martes anular todos los acuerdos legislativos aprobados por el Parlamento, entre el 6 de enero de 2016 y el 4 de enero de este año, es decir, los convenios suscritos por las directivas de Henry Ramos Allup, Julio Borges, Omar Barboza y Juan Guaidó.
«Esta Asamblea Nacional se autocorrige y anula los actos de la anterior Asamblea Nacional, que propició el robo de empresas (estatales) como Citgo y Monómeros», aseguró el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en la sesión ordinaria.
Rodríguez denunció que los países que apoyaron estos acuerdos «lo hicieron porque querían robarse la plata, las riquezas que Venezuela tiene en su territorio».
«Ellos saben que esto no tiene nada que ver con el derecho, que no tiene nada que ver con las misiones y funciones de un Parlamento», sostuvo.
Asimismo, el diputado opositor Timoteo Zambrano, apoyó el acuerdo propuesto por los chavistas y añadió que se tienen que anular esos actos o Venezuela «seguirá sin darle una solución a este barbarismo de esos dos años legislativos».
En el proyecto aprobado se indica que durante el periodo parlamentario anterior se aprobaron acuerdos «con la deliberada intención de violar el orden constitucional y legal o, específicamente, de ejercer competencias correspondientes a otros poderes públicos».
Además, en el documento citan que estos acuerdos son «inexistentes o ineficaces» y por lo tanto «carecen de validez formal y material, y no pueden generar los efectos jurídicos que pretendieron con su declaración».
Los parlamentarios aprobaron desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación radicado en instancias internacionales, que se deriven de estos acuerdos aprobados por la mayoría de la oposición.
«El acuerdo que anula los actos del saliente Parlamento recupera lo que se le robo al país. No tiene el efecto jurídico que quizás algunos deseamos, de que se configure las normas de traición a la Patria. Es el inicio del camino de la restauración moral», dijo por su parte el ahora chavista y exmilitante de la oposición, Hermann Escarrá.
Aseveró que «la ficción de un gobierno paralelo que se creo en el exterior le ha hecho daño al país, al que se le ha impedido ejercer acciones y derechos coartados por supuestos actos de gobierno impuestos por el saliente Parlamento en desacato».
También solicitaron «a la Fiscalía y a todos los demás órganos del sistema de Justicia que investiguen y establezcan responsabilidades civiles, penales y administrativas».
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