El Senado Federal aprobó el jueves por la noche la medida provisional que permite la privatización de Eletrobras, la empresa estatal brasileña responsable de cerca del 40% de la transmisión y el 30% de la generación de energía en el país ―es la mayor empresa del sector eléctrico en América Latina. El proyecto aprobado por los senadores costará entre 40.000 y 66.000 millones de reales (unos 8.000 millones de dólares) a las arcas públicas, según un grupo de 45 entidades de los sectores energético e industrial. Y las ganancias serían de 61.000 millones de reales (unos 12.000 millones de dólares).
Estas instituciones, que se han sumado al movimiento Unidos por la Energía, calculan que la factura de la luz del consumidor final aumentará en torno al 10%. El Gobierno de Jair Bolsonaro, a su vez, dice que la factura de la luz será más baja, pero no presentó datos para demostrar cuánto sería esta reducción. Antes de los últimos cambios en la medida provisional, el cálculo era que la disminución sería de aproximadamente un 7%.
El proyecto sufrió una serie de modificaciones, muchas de ellas ajenas al tema original del texto. La inclusión de lo que en el Congreso se denomina “jabuti” ha provocado una oleada de críticas, desde políticos hasta expertos. Ahora el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, que tendrá que aprobarlo en un tiempo récord, cinco días, dos de estos son en final de semana. La medida expira el 22 de junio, y si no se vota, no tendrá ninguna validez. El jueves por la noche, el presidente de la Cámara, Arthur Lira, convocó una sesión de la Cámara para el lunes, día 21, con el objetivo de aprobarlo.
La luz verde del Senado pasó con un resultado de 42 votos a favor y 37 en contra. A pesar de lo ajustado del resultado, fue una victoria para el Gobierno de Bolsonaro y para el ministro de Economía, Paulo Guedes, que desde el inicio de su mandato ha estado vendiendo a los inversores un ambicioso plan de privatizaciones, que aún no ha despegado. Los partidos que votaron en contra, como el Partido de los Trabajadores - PT y Podemos, deberán recurrir a la justicia por entender que no existían los requisitos constitucionales para la tramitación de la propuesta, como la urgencia necesaria para la emisión de una medida como esta.
Entre los críticos de la medida, la valoración fue que el proyecto era medio liberal, medio intervencionista. Al mismo tiempo que autoriza al Gobierno federal a reducir su participación en la empresa del 61% al 45% de las acciones, establece una especie de reserva de mercado para las centrales térmicas ―las más contaminantes y más caras― en las regiones donde los gasoductos son inexistentes o escasos, como el norte, el noreste y el centro-oeste. “Es un monstruo”, definió el senador Tasso Jereissati del Partido de la Social Democracia Brasileña - PSDB
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